30-08-2025

La Policía Federal desbarata una banda dedicada a la trata de personas

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La Policía Federal Argentina desbarató en la provincia de Buenos Aires una organización criminal compuesta por ciudadanos venezolanos y colombianos, acusados de explotación laboral. En Florencio Varela encontraron personas en graves condiciones de hacinamiento.

La causa comenzó a partir del conocimiento de falsas oportunidades de empleo y hospedaje que eran ofrecidas a personas centroamericanas, a través de contactos y redes sociales, por un grupo de individuos liderados por un venezolano, con el objetivo de esclavizarlas económicamente

Intervino la Fiscalía Federal de Quilmes a cargo de Alejandro Saibene, ordenó al Departamento Trata de Personas de la PFA realizar las tareas investigativas correspondientes con la finalidad de identificar a los responsables.

Las fuerzas federales comenzaron las diligencias logrando ubicar, en un domicilio de la localidad de Bosques, a cuatro personas de origen venezolano que se encontraban en graves condiciones de hacinamiento, quienes manifestaron sufrir explotación laboral por parte de sus empleadores.

Rápidamente, los uniformados informaron de la situación, tras lo cual, los damnificados fueron acogidos por el programa de Asistencia y Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación.

Con los testimonios obtenidos de las víctimas, los detectives profundizaron las pesquisas estableciendo que la red criminal estaba compuesta por hombres y mujeres de origen venezolano y colombiano, quienes se dedicaban a la venta de mobiliario y artículos para el hogar.

La organización criminal, luego de hacerse cargo del traslado y dar alojamiento a los damnificados, quienes por ello asumían una importante deuda con los tratantes, retenía sus documentos de identidad y los obligaba a ofertar muebles precarios en la vía pública como forma de pago de la mencionada deuda.

La actividad de venta, que ofrecía el pago en cuotas, se desarrollaba mediante el acarreo forzado de los muebles y algunos electrodomésticos por distintas zonas del conurbano bonaerense, utilizando para esto grandes y pesados carros de estructura metálica.

De forma paralela, durante la venta de los productos se ofrecían préstamos económicos y créditos a “sola firma y sin garantía” para que los compradores pudieran acceder a los bienes, sin advertir estos que los intereses podían llegar hasta el 600% anual.

La cifra de la deuda de los compradores podía duplicarse o triplicarse y, cuando las víctimas se atrasaban en los pagos, comenzaba la segunda fase delictiva iniciándose un proceso de extorsión en el que los deudores eran despojados de sus viviendas, automóviles o diferentes pertenencias, encuadrándose el accionar en la metodología conocida como “Gota a gota”, uno de los mecanismos más utilizados por bandas delictivas de Centroamérica para ganar territorio y poder.

Avanzadas las averiguaciones, los investigadores detectaron otros tres domicilios vinculados a la organización, ubicados en los partidos de Lomas de Zamora y Presidente Perón, donde funcionaban la mueblería y el depósito, y se planeaban y concretaban las amenazas y el cobro de las billeteras virtuales a los damnificados.

Con el material probatorio aportado por los efectivos, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, ordenó la realización de cuatro allanamientos, dos de ellos en Ingeniero Budge, otro en  Bosques y el último en Guernica.

En los operativos se logró la detención de todos los integrantes de la estructura delictiva: 5 hombres venezolanos, entre ellos el cabecilla de la banda, un hombre colombiano, 3 mujeres venezolanas y 2 colombianas.

También fueron incautados más de 13 millones de pesos en billeteras virtuales, $980.000, una camioneta, un automóvil, 2 motos, 254 muebles, una máquina de contar billetes, una notebook, 8 celulares, varios carros metálicos de acarreo y documentación de interés para la causa. Los aprehendidos, todos mayores de edad, quedaron, junto a los elementos decomisados, a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.842 sobre Trata de Personas.