16-09-2025

La Justicia confirmó indemnizaciones por las muertes causadas por un derrame tóxico en Avellaneda en 1993

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Más de tres décadas después, la Justicia confirmó las indemnizaciones a familiares de las siete personas de Avellaneda que murieron producto de un derrame tóxico en las cloacas. El hecho ocurrió el 27 septiembre de 1993, y dio origen al Día de la Conciencia Ambiental.

Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata, firmaron la sentencia que dictamina las indemnizaciones para los parientes de los fallecidos tras encontrar responsables al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avellaneda, Aguas Argentinas y particulares.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 25 de Mayo al 319, cuando cuatro personas, familiares entre sí, y tres médicos murieron de forma inmediata producto de la inhalación de ácido que salió de una rejilla. A más de 30 años del caso, la Cámara Federal de La Plata confirmó la indemnización a familiares de una de las víctimas, dando a conocer el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los organismos.

Desde el portal Justicia de Primera destacaron que “el 30% de la responsabilidad corresponde a la Municipalidad de Avellaneda por haber incumplido su deber de policía al no controlar adecuadamente los locales cuya habilitación había promovido la Provincia”.

Mientras que se adjudicó un 15% al Estado Nacional y otro 15% a la provincia de Buenos Aires por su inacción. Acerca de Aguas Argentinas deberá responder por el 5% restante, ya que “resultaba razonable exigirle prever un sistema que alerte sobre la existencia de materiales o gases tóxicos en la red cloacal”.

Según determinó la Justicia, la empresa Transporte García S.R.L. y un establecimiento dirigido por otro acusado, Manuel Sánchez, vertieron las sustancias tóxicas a la red cloacal y generaron un ácido cianhídrico en concentraciones letales. Aquel día, Manuel Guim y su esposa María Ángela llamaron desde su casa a su hijo Horacio porque se sentían mal. El hombre arribó junto con su esposa Rosa para asistirlos y allí comenzó el horror.

Ambos llamaron al servicio de emergencias y al domicilio llegaron la médica Viviana Otero, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko. Sin embargo, todos fallecieron dentro de la casa. Sus cuerpos fueron encontrados en distintas partes como, por ejemplo, el patio interno, el living y la cocina. La única sobreviviente de la familia fue Romina Amoedo, hija de Rosa, y que fue quien descubrió los cuerpos.

En los peritajes se determinó que el compuesto que había matado a las siete personas ese 27 de septiembre era gas cianhídrico y que se había generado porque una curtiembre y una empresa de camiones de transporte de cianuro vertieron restos de químicos en las cloacas sin ningún tipo de supervisión. Esa mezcla generó el gas mortal que subió por la cañería de la casa de los Nuin y los mató en el acto.

El juez Guillermo Roberts de Lomas de Zamora procesó por contaminación seguida de muerte al transportista Juan Ernesto García y a Juan Manuel Sánchez del depósito de camiones de donde se arrojaron los químicos. A los empresarios de la curtiembre Ernesto Pizzio y Luciano Mondolo también se les abrió una causa por contaminación. Pero ninguno fue a prisión y la causa prescribió.

Luego, Romina inició una demanda civil a Aguas Argentinas y al municipio de Avellaneda por no controlar las actividades de la curtiembre y el lavadero de camiones. En 2006, es decir trece años después de perder a toda su familia, llegó a un acuerdo.