22-04-2026

Hubo unas 1.000 denuncias de amenazas en colegios de la provincia de Buenos Aires

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Continúa la conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas, ya con acciones policiales y judiciales. Se supo en las últimas horas que solo en la provincia de Buenos Aires se radicaron unas 1.000 denuncias por pintadas, carteles y fotografías con armas en redes sociales. Así lo informó DIB.

Mientras tanto, identificaron a alumnos detrás de las amenazas en el partido de Moreno y pidieron embargar a sus padres. Y en Mar del Plata, los progenitores de estudiantes identificados deberán afrontar los gastos de los operativos policiales.

Según difundió el periodista Rodrigo Alegre en sus redes sociales, basado en números del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Matanza se tomaron 200 denuncias. En otros departamentos, como en el de Moreno, hubo 70 denuncias.

En este último distrito, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno - General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos detrás de amenazas de tiroteos en escuelas.

La investigación logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles. Así, la DDI local realizó este martes siete allanamientos. En algunos los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados.

Si bien aún no está estimado el monto del daño ocasionado, el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El valor deberá ser establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba. Se tomarán en cuenta los gastos que generaron las investigaciones, los procedimientos policiales y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas.

La Justicia de Mar del Plata también dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán afrontar los gastos de los operativos policiales y posibles daños. La medida fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y comunicada a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Ya fuera de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Santa Fe tomó esa decisión, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento. En esa provincia hubo 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares.